La organización agraria asegura que este nuevo decreto vuelve a ser «perjudicial» ,ya que las ayudas para los dos próximos años se van a reducir.
El real decreto que regula las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) para los años 2021 y 2022 ,publicado este miércoles, provocará unas pérdidas de 32,2 millones de euros a los agricultores y ganaderos extremeños, según La Unión.
La organización agraria asegura que este nuevo decreto vuelve a ser «perjudicial» para la región, ya que las ayudas para los dos próximos años se van a reducir.
Subvenciones inferiores
A su juicio, la reforma de la PAC que entró en vigor el año 2015 dejó a la mayoría de las explotaciones extremeñas ubicadas en una región de producción muy inferior a la que se les tenía que haber colocado. «Por este motivo- señala La Unión- la mayoría de los beneficiarios de las ayudas están cobrando en Extremadura «por encima» de la media de la región en la que están, pero son «muy inferiores» a las subvenciones que perciben producciones vecinas que son muy similares a las extremeñas».
Olivar, uno de los perjudicados
Un ejemplo está en el olivar. El Real Decreto 1076/2014 ubicó a los olivares de Tierra de Barros en la región 8.2, con una media de ayudas de 252 euros entre pago básico y verde, pero a olivares similares situados en comarcas de Jaén o de Córdoba se les situó en la región 20.2, con una subvención media de 619 euros.
El nuevo real decreto aprobado va a «acelerar» el descuento de las ayudas por hectárea a la mayoría de productores extremeños, ya que les van a descontar en dos años el 50 % de la subvención que supera la media de la región en la que están ubicados, según La Unión.
Tierra de Barros y Campiña Sur, los más afectados
Las comarcas más afectadas por esta pérdida serán las de Tierra de Barros, con alrededor de 6,4 millones en dos años; Campiña Sur, con 6,10 millones; Regadíos de la Cuenca del Tajo (excepto zona tabaquera), con 4 millones; zona de pastos permanentes, 11,5 millones; y zona productora de tabaco, con 4,2 millones.
La Unión Extremadura ha instado a la Consejería de Agricultura que, al igual que se hizo con el real decreto del cava, se impugne esta norma por afectar gravemente a los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños.